Anuncios de intervención de la empresa Vicentin y proyecto de ley de expropiación

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) considera un hecho muy positivo la intervención del Estado y el proyecto de ley de expropiación de la cerealera Vicentín anunciados por el presidente Alberto Fernández.

En el actual marco de emergencia económica y social,  la iniciativa del Gobierno lleva tranquilidad a miles de trabajadores y cientos de productores y proveedores de servicios, entre ellos muchas cooperativas, en vista de que esta  megaempresa  se encontraba  en concurso preventivo de acreedores y había cortado la cadena de pagos, con el impacto que eso genera para todos los integrantes de la cadena de valor.

APYME afirma que lejos de constituir un “ataque a la propiedad privada” o una “distorsión  del mercado”, la intervención y el anunciado proyecto de ley de expropiación que se enviará  al Congreso  cumplen plenamente con el mandato constitucional y responden a un objetivo imperioso como salvaguardar  la actividad económica y el entramado productivo local en un momento de crisis sanitaria económica y social.

Siendo Vicentin una de las diez mayores empresas exportadoras de producción agropecuaria, bajo la órbita de YPF Agro se convierte en una empresa testigo, clave para el desarrollo de políticas públicas que avancen en el camino de la soberanía alimentaria de la Argentina, la recomposición del ahorro nacional, la incorporación de mayor valor agregado  y una inserción ventajosa de nuestro país en el difícil contexto internacional signado por las consecuencias económicas de la pandemia.

Asimismo es importante que con la intervención de la empresa se lleve hasta sus últimas instancias  la investigación en curso por el vaciamiento de la empresa y los créditos millonarios que recibió del Banco Nación bajo el anterior gobierno, además del endeudamiento con la AFIP, productores y proveedores.

Se deben investigar también las maniobras elusivas del fisco que esta empresa llevó a cabo mediante  la modalidad de radicación de sucursales en el exterior, las cuales realizaban exportaciones ficticias a fin de ocultar al Estado ganancias que se fugaron del país. Sin embargo, descontaban retenciones a los productores locales, con lo cual se concretaba otra estafa con complicidad de estamentos de gobierno.

Por eso no es de extrañar que se opongan a estas medidas algunos actores políticos y los sectores concentrados y especulativos que se han beneficiado con ganancias extraordinarias durante los últimos años gracias a  políticas de desregulación  que profundizaron la primarización productiva, desfinanciaron al Estado y destruyeron a las Pymes y la industria nacional.

Desde APYME se ha sostenido que para revertir ese proceso es indispensable un Estado presente y activo que se ponga al frente de una indispensable recuperación de los recursos estratégicos de la Nación, junto con el empresariado Pyme, los trabajadores, las cooperativas, le economía social, los profesionales, científicos, universidades y centros de investigación y desarrollo.

APYME saluda y apoya esta iniciativa como un paso importante en una política sustentable que impulse decididamente  el trabajo y la producción nacional para construir una Argentina más previsible, soberana, desarrollada e inclusiva.

Buenos Aires, 9 de junio de 2020.

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL