Tras la resolución del conflicto con la Policía Bonaerense y las decisiones del Gobierno Nacional

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su satisfacción ante la resolución del conflicto con sectores de la Policía bonaerense tras la presentación del Plan Integral de Seguridad por parte del gobernador Kicillof.

Como es de público conocimiento, esta solución se hace viable en lo inmediato a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández de disponer los recursos necesarios mediante una decisión urgente compatible con una más justa distribución de la renta nacional.

La medida que se tomó en relación con el excedente de recursos que se había cedido por decreto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el gobierno precedente, obedece a un estricto criterio de equidad y solidaridad sobre la base de un federalismo bien entendido, que debe ser parte de una política de Estado abocada a la corrección de un problemática de larga data en nuestro país.

De hecho, la concentración económica, que tiene su correlato en la concentración y los desequilibrios regionales, es uno de los obstáculos que limitan seriamente el desarrollo de las producciones, industrias, servicios y comercios locales, en un 99 por ciento correspondientes  a micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad y el campo.

Como representantes de miles de Mipymes de todo el país, afirmamos que ese vasto entramado productivo y social sólo puede subsistir y  prosperar cuando las políticas públicas contemplan a  todas las regiones de modo armónico y con posibilidades de progreso para todos sus habitantes.

Por estos motivos y por el respeto elemental a los principios democráticos, desde APYME nos pronunciamos en contra de cualquier tipo de accionar corporativo y desestabilizador, lo que siempre favorece en última instancia a sectores concentrados que buscan poner el Estado al servicio de sus privilegios.

No es de extrañar que en estos días, cuando se sucedieron graves transgresiones al orden institucional -de ningún modo justificables bajo reclamos legítimos de un sector- no se hayan pronunciado en defensa de la democracia y la seguridad jurídica, las representaciones de los grandes intereses corporativos, como AEA y el G6.

Esto se debe a que, como ha sucedido lamentablemente en nuestra historia, estos grupos son los verdaderos promotores y beneficiarios de las alteraciones del orden democrático y las acciones en contra de los gobiernos populares. Baste recordar el lock out patronal  que financio e instigó el golpe de Estado de 1976, con Martínez de Hoz a la cabeza.

Hoy son los mismos sectores que en los difíciles momentos que nos tocan vivir a causa de la pandemia del Covid 19, buscan sumir a la sociedad en una falsa disyuntiva entre la economía o el cuidado de la salud pública.

Utilizan otros métodos, como la judicialización de la política y la exacerbación mediática, pero los fines son siempre los mismos: interrumpir o desgastar proyectos nacionales que convocan a construir  un país industrializado, soberano, equitativo y solidario. Un país donde la prioridad de las políticas públicas no pase por la especulación y la fuga de divisas sino por la inversión, el trabajo y la producción nacional.

En estos días, el desesperado llamado del personal del sistema de salud a la solidaridad y la responsabilidad ciudadana para impedir que continúen aumentando los contagios, muestra claramente que el bien común debe estar por encima de operaciones corporativas, políticas y de medios de comunicación que impulsan conflictos y divisiones en lugar de alentar el diálogo, la  convivencia democrática, el cuidado del prójimo y de la vida.

Expresamos esto en el día en que se homenajea a las y los docentes, quienes han sufrido postergaciones y agresiones por parte de los gobiernos que concibieron la salud y la educación como negocios. Hoy el Estado debe privilegiar también su labor y darles todo su apoyo y las herramientas necesarias en un contexto que les exige una entrega y esfuerzo de adaptación que aún no se llega a ponderar.

Desde APYME llamamos a toda la dirigencia política, gremial y empresaria a pronunciarse con claridad por la preservación del bien común, la defensa de las instituciones democráticas y la convocatoria al diálogo social por la reconstrucción de una Argentina que incluya y procure una vida digna a todos sus habitantes.

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2020.

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL