El aumento generalizado de los precios se ha instalado para muchos como una señal de debilidad de este Gobierno, haciendo hincapié especialmente en lo que definen como una deficiente medición de la inflación, motivo base de dicha conclusión.

Las causas que los economistas ortodoxos atribuyen a la inflación, recogidas por los medios oligopólicos y difundidas masivamente con el propósito de instalarlas como de sentido común, se basan fundamentalmente en la emisión monetaria, el aumento de salarios y el gasto público.

Sin necesidad de entrar en consideraciones que derribarían rápidamente esa argumentación, queda claro que son los mismos hechos los que demuestran la inconsistencia de las causas apuntadas.

Un hecho real es el bajo nivel de inflación de EEUU, pese a la descomunal emisión monetaria sin relación con el crecimiento de la economía real y sus niveles de gasto público.

Otro hecho fue el generado ante la retracción del consumo por parte de la gente frente al temor de un crisis (2008/2009) que llevó a los formadores de precios a aplicar una reducción de sus márgenes de ganancias, lo que revirtieron rápidamente ante el cambio en la tendencia del consumo (como consecuencia de las políticas sociales aplicadas por el Gobierno).

Del mismo modo, tampoco guardan relación los niveles de incremento de precios de los productos con la incidencia que el aumento del costo de la mano de obra tiene en el precio final, especialmente válido para el grupo de los formadores de precios.

Claramente el origen de la inflación no radica en esos perimidos argumentos de la ortodoxia, sino que es consecuencia directa de la puja distributiva impulsada por dichos grupos.

Dentro de esa puja los formadores de precios, por su posición dominante y a partir de una matriz económica particularmente concentrada y extranjerizada, se apropian vía aumentos de precios de los mayores ingresos de los consumidores generados a partir de los aumentos periódicos otorgados a jubilados y pensionados, a los trabajadores por las paritarias y en general por las políticas proactivas de fomento del consumo implementadas por el Gobierno.

Así en vez de atender la mayor demanda con incremento de la producción, la anestesian aumentando su rentabilidad, generando una clara transferencia de recursos hacia un sector de la economía, no solamente en desmedro de las clases trabajadoras sino además en desmedro del sector de las Pymes.

Precisamente es el sector de las pequeñas y medianas empresas uno de los más perjudicados por cuanto no tiene capacidad de formación de precios, incrementándose su vulnerabilidad ante los aumentos sostenidos en el costo de sus insumos.

Por otra parte, la transparencia en la elaboración de los índices de precios es una cuestión inobjetable y necesaria como herramienta para la toma de decisiones, pero no se debe perder de vista que la cuestión de fondo no está, en el decir de un dirigente cooperativista, "en los grados que marca el termómetro sino en la causa de la enfermedad".

Por todo esto es que consideramos que la contención de los precios vía acuerdo es un camino acertado para frenar la carrera desembozada desatada por algunos sectores de la economía por incrementar sus ganancias, en tanto implique el fortalecimiento del rol del Estado en pos de un debate más profundo en torno a la rentabilidad empresarial, ya que se debería avanzar en la redistribución tanto primaria como secundaria del ingreso acompañada por una reforma fiscal de carácter progresivo que permita gravar las rentas extraordinarias a efectos de equilibrar la matriz de acumulación.

Gustavo Casciotti
Vicepresidente
APYME - Delegación Mar del Plata