Hay una fractura que atraviesa la Argentina. No es una falla geológica. Es una confrontación ideológica y política que pone en riesgo la gobernabilidad y amenaza la estabilidad democrática.

La agudización de las tensiones que tienen como epicentro el Congreso de la Nación refleja la existencia de lecturas y visiones diferentes acerca del modelo de país que se debe construir. No es una cuestión de formas y procedimientos. El conflicto es de fondo. Y tampoco es nuevo. Viene de lo profundo de la historia.

Para interpretar lo que está en debate, más allá del reflejo distorsionado de la realidad que brinda la corporación mediática, hay que tener en cuenta los ejes conceptuales y los intereses en juego. El choque de ideas pasa, entre otros grandes temas, por el papel del Estado en la economía, la forma en que se genera y distribuye la riqueza, el modo con el que se ubica la República en el contexto internacional. En torno de estas cuestiones, hay quienes siguen pensando en un país con Estado mínimo y mercado absoluto. También los que piden anestesiar la memoria y olvidar los horrores del pasado, con el pretexto de lograr una convivencia pacífica.

La historia de la humanidad es clara en este sentido: no hay paz sin justicia, ni convivencia respetuosa sin el ejercicio pleno de la democracia y la equidad social.

Estamos en una encrucijada difícil, donde un conglomerado heterogéneo de fuerzas políticas y mediáticas se ha coaligado para obstaculizar la acción del Poder Ejecutivo. Por estos días están los que miran con simpatía procesos como el de Honduras, ampliamente condenado por la mayoría de los países de América latina y el Caribe, pero que tienen su admiradores en los sectores del poder económico concentrado que defienden a ultranza sus privilegios. Y, al mismo tiempo, persiste un estilo de gestión gubernamental que dificulta la sumatoria de aliados para sustentar un proyecto de cambios políticos, económicos y culturales.

Los argentinos hemos pagado con sangre la recuperación de la democracia. Por primera vez en décadas – y, más aún, desde los tiempos fundacionales de la patria – llevamos más de un cuarto de siglo de vigencia constitucional. Es un valor que debemos defender y garantizar su perfeccionamiento.

¿Cómo se resuelve la crisis? Con política, con acuerdos que permitan dirimir los conflictos sin llegar al estallido de las instituciones, pero sobre la base de sostener los cambios que se han producido en los últimos años, en cuanto a la mayor capacidad del Estado para fijar e instrumentar políticas públicas destinadas a fortalecer el mercado interno, promover el crecimiento económico con inclusión social, mantener una estrategia de integración regional, profundizar las medidas en defensa de los derechos humanos y todo aquello que signifique modificar el andamiaje jurídico del modelo neoliberal heredado de las décadas pasadas. Y para ello, además de encontrar los puntos mínimos de acuerdo, es de vital importancia dar una participación activa a la ciudadanía.

En este escenario turbulento juegan un papel decisivo los medios de comunicación. Hay un país real y otro mediático. El llamado clima de crispación es atizado desde las páginas, los parlantes y las pantallas que anuncian catástrofes y profetizan tragedias inconmensurables. Por ello es indispensable que se ponga en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada luego de un amplio debate de la sociedad y el propio Parlamento, pero obturada por la acción paralizante de los monopolios de la información que pretenden conservar su poder e imponer su voluntad por la vía judicial.

Los cooperativistas estamos habituados a la construcción de consensos, al intercambio de ideas en función de adoptar decisiones compartidas y llevarlas a cabo con la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Así, en el marco de la crisis desatada a fines de 2001, no dudamos en lanzar la "Propuesta del IMFC para enfrentar la emergencia y refundar la Nación". Y más adelante aportamos una versión actualizada de dicho documento programático, bajo el título "Por una Argentina con más democracia y equidad distributiva".

Como ciudadanos comprometidos desde siempre con el país, nos duele que en vísperas de un acontecimiento tan significativo como el Bicentenario de la Revolución de Mayo, estemos atravesados por una profunda fractura que hace temblar los cimientos de la patria. Pero a diferencia de los movimientos telúricos fatales e inevitables, existen los instrumentos para evitar los males mayores: el respeto por la Constitución y las leyes, el debate civilizado y los acuerdos políticos respaldados y acompañados responsablemente por la sociedad.

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010