La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su enérgico repudio a la persecución ejercida contra organizaciones gremiales durante la gestión de los gobiernos nacional y bonarerense en el periodo anterior, cuyos principales referentes siguen gravitando en el orden político e institucional.

Debe recordarse que el atropello de las instituciones,  en contubernio entre los máximos responsables del poder político, sectores del poder judicial y empresariales, no fue un hecho aislado: aquel periodo de gobierno comenzó con la toma de la AFSCA, la derogación por decreto de la Ley de Medios, la imposición de jueces en la Corte Suprema, la persecución de la procuradora de la Nación y el “armado de causas” contra las autoridades  salientes por medidas en principio no judiciables (por ejemplo, las referidas al “dólar futuro”).

APYME hace notar que a la entidad le tocó sufrir este triple embate judicial, político y económico cuando presentó un amparo en nombre del conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas ante los abusivos e ilegítimos aumentos del precio del gas durante la gestión de Aranguren (presidente de la  filial local de Shell hasta 2015) en el Ministerio de Energía.

Quedaba claro que el propósito de las autoridades nacionales  y de la Justicia no era mejorar la industria local, el trabajo y la calidad de vida, sino favorecer a un conjunto  de grupos empresarios y financieros. Ese proyecto de país “para pocos”  derivó en una devastación económica y social cuyos efectos son conocidos: un Estado endeudado en miles de millones de dólares, la destrucción de industria, el empleo, el mercado interno y las Pymes.

Hoy, cuando el país está recuperándose de aquella crisis, a la que se sumó la provocada por la pandemia global, es preciso que  todos los Poderes actúen para esclarecer estos hechos y las verdaderas responsabilidades políticas y judiciales.

Es oportuno señalar que la utilización de los organismos de Inteligencia con fines políticos e ideológicos viola la Ley de Inteligencia Nacional y  es incompatible con el Estado de Derecho. Resulta imprescindible afianzar las instituciones democráticas  y debatir una profunda reforma judicial, al tiempo que se reconstruyen las bases de un país con desarrollo inclusivo, soberanía y solidaridad social. También fortalecer la agremiación, herramienta clave para la defensa de los sectores más vulnerables y la búsqueda de una sociedad más justa, que los regímenes antipopulares siempre buscaron horadar.

Desde APYME decimos Nunca Más  a la “mesa judicial” donde se trama la pobreza de la mayoría en beneficio de unos pocos. Impulsamos en cambio, por medio de la producción y el trabajo, la generación de millones de mesas familiares donde no falten alimentos, salud ni educación. También propiciamos  la organización de mesas empresarias  y gremiales en todo el territorio, donde no falten el diálogo y el consenso para construir políticas de Estado en favor de la Argentina y todos sus habitantes.

Buenos Aires, 29 de diciembre  2021.

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL