Hundidas en la vorágine proselitista, las muertes de inocentes terminan por ser trofeos para la especulación y la horadación más baja de la ética. Lejos de eso, quienes todos los días salimos a trabajar por un país más justo adherimos fervientemente al permanente reclamo de justicia a partir del esclarecimiento de los crímenes más tristes ocurridos en nuestro país, aquellos que dejaron una herida que todavía no sana. Creemos firmemente que el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de hace casi 21 años no debe quedar impune.

Las 85 muertes y las más de 300 personas que sufrieron daños a su salud por encontrarse en la zona no son sólo una primera plana más en la historia mediática argentina, constituyen la trágica síntesis de un atentado dirigido contra la convivencia en paz de un país. Por eso reclamamos desde el primer momento y en cada conmemoración que haya justicia, junto a familiares y allegados. Esa solidaridad y esa petición activa se extiende a los casos de todas las personas cuya muerte se investiga, porque entendemos que la democracia es el estado por excelencia de garantía de los derechos humanos; el de la vida ante todo. En esa línea, abrazamos la postura de velar por que salga a la luz qué sucedió con el fiscal Alberto Nisman.

A lo que nos oponemos, con la fuerza de quien tiene la experiencia de estar del otro lado del estrado, la experiencia de ser quienes ‘hacemos’ más que ‘decimos’, es a la manipulación cipaya de la información más dolorosa. Condenamos el aprovechamiento del dolor ajeno. Nos preguntamos dónde estaban quienes hoy se desgarran las vestiduras en nombre de un crimen que lleva más de dos décadas en la oscuridad, porque muchos de los que hoy firman a favor de la ‘verdad’ no estuvieron en cada aniversario desde 1994. Es más: muchos fueron cómplices, por acción u omisión, de otras muertes terribles, cuando la máquina de asesinar provenía de la estructura del Estado en los años más horrendos del pasado argentino.

Son los mismos que especularon y siguen especulando con los golpes de mercado, la fuga de capitales, sus cuentas secretas en el exterior para evadir sus responsabilidades fiscales. Aquellos que aprovechando su posición dominante producen la inflación, el deterioro del salario y que no dudaron en apoyar a los buitres y hoy acompañan sus reclamos.

Ese es el pequeño grupo de empresarios que se arroga la representatividad del empresariado nacional cuando no lo constituyen, como esa minoría de fiscales que convocan a la marcha del 18 de febrero no son la representación de la Justicia.

Por eso, los abajo firmantes pedimos:

-que haya justicia pero también memoria para saber quién es quién en el mapa político actual; que se aclare dónde estuvieron quienes hoy hablan de paz cuando imperaba el terror en nuestro pueblo.

-que la justicia investigue y dicte sentencia, que los legisladores cumplan con el mandato popular de participar del debate y aportar a la concreción de un sistema de inteligencia acorde a la democracia y al servicio del interés nacional.

-que la búsqueda del esclarecimiento vaya de la mano de la ética, la honestidad y el respeto por el futuro de un país que creció material y simbólicamente en los últimos once años.

-que la investigación de la verdad sea el objetivo en todos los andariveles que hacen al presente soberano, no sólo en los que son manipulados con la expresa intención de perjudicar al proyecto nacional y popular.

Nuestro compromiso no es repentino y sí tiene futuro, más allá de octubre.