La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) solicitó a la AFIP que otorgue sustento jurídico a la información publicada en el diario on line de ese organismo sobre la implementación del nuevo régimen de factura electrónica en lo referente a las dificultades que puedan surgir para las empresas, en particular las de menor tamaño.

En la publicación de AFIP se expresa que hasta el 1º de octubre “se contemplarán todas las situaciones planteadas por los contribuyentes en las que se informen dificultades para cumplir en término, aun cuando las mismas no hayan sido informadas por la ventanilla de diálogo prevista en la normativa”.

“En consecuencia, hasta tanto los sujetos obligados implementen definitivamente la herramienta, mantienen plena vigencia y validez los comprobantes que se emitan en soporte de papel”, concluye la información en el órgano de noticias de AFIP.

Estas salvedades son una noticia positiva, dado que una importante proporción de micro y pequeñas empresas está reclamando una prórroga en la aplicación de las nuevas disposiciones frente a las dificultades de aplicación que las podrían hacer caer en incumplimiento.

Debe tenerse en cuenta que la implementación del régimen de Factura Electrónica (RG 3756) conlleva una serie de inconvenientes para las Mipymes, que plantean problemas administrativos y de costos que la AFIP debería contemplar tratándose de los contribuyentes más vulnerables.

Por estos motivos la entidad solicitó:

I.- Que la AFIP dicte una norma que les dé seguridad jurídica a los contribuyentes con problemas de implementación de la factura electrónica en el sentido que estén respaldados en la continuidad de seguir utilizando el soporte de papel en las facturas y documentos equivalentes hasta el 30 de septiembre de 2015 tal como se ha enunciado.

II.-Flexibilizar las exigencias para las unidades económicas más pequeñas.

Habida cuenta de la importancia de informatizar y agilizar el sistema de recaudación, el pedido de APYME se fundamenta en la realidad del sector Mipyme, que necesita poder cumplir con sus obligaciones sin que esto signifique agravar los problemas existentes en un contexto de ralentización del crecimiento interno y de persistencia de la crisis internacional.