La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) participó del acto en conmemoración del 2 de septiembre, Día de la Industria Nacional, que celebró esta mañana en el Cabildo de Buenos Aires la Convocatoria Económica y Social por la Argentina.

En el acto, donde se dieron cita representantes de las principales entidades Pymes y del empresariado nacional, junto con dirigentes estudiantiles, de los trabajadores y políticos, estuvieron presentes el embajador argentino en Nicaragua, Marcelo Valle Fonrouge, y los diputados nacionales Héctor Recalde y Sergio Raimundi.

La periodista Mona Moncalvillo leyó el documento elaborado en conjunto por las entidades y personalidades que conforman la Convocatoria, con el título “Por un país justo, igualitario, desarrollado, inclusivo y soberano”.

“En una nueva conmemoración del Día de la Industria Nacional ratificamos nuestro compromiso con la construcción de un proyecto de desarrollo autónomo, profundamente democrático y con justicia distributiva -se afirma en el documento- Los ejes son claros y continúan estando en pugna”.

“Estamos en un momento fundamental para decidir sobre el país que queremos los argentinos – planteó la Convocatoria – Un país industrializado, que logre mayores niveles de bienestar para toda la población y garantice trabajo y crecimiento para el conjunto de los actores productivos, o el país de la ‘seguridad jurídica’ para unos pocos, con predominio del complejo agroexportador, la especulación financiera y el poder económico cartelizado”.

Representaron a APYME el presidente de la entidad, Eduardo Fernández, y los miembros de la Comisión Directiva Nacional Enrique Tarditi, Jorge Garay y Julio Jardel, acompañados por el gerente general Roberto Ratti Merchante.

A continuación se presenta el documento completo resultante de la convocatoria:

2 de septiembre, Día de la Industria Nacional

Por un país justo, igualitario, desarrollado, inclusivo y soberano

En una nueva conmemoración del Día de la Industria Nacional ratificamos nuestro compromiso con la construcción de un proyecto de desarrollo autónomo, profundamente democrático y con justicia distributiva. Los ejes son claros y continúan estando en pugna inclusive previo a Manuel Belgrano: “Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio son los tres importantes objetos que deben ocupar la atención”, y a eso nos hemos dedicado estos últimos 12 años!

Desde 2003 en nuestro país se volvió a impulsar la industria como motor del crecimiento económico inclusivo, en el marco de un nuevo papel activo del Estado y una política económica independiente de los dictados de los centros financieros, las grandes corporaciones y las visiones ortodoxas del credo neoliberal. De esta manera, pudimos recuperar entre todos los argentinos cinco millones de puestos de trabajo y casi duplicar nuestro PBI en 12 años.

Se logró reconstituir gran parte del tejido productivo que se había comenzado a desmantelar en el periodo iniciado en 1975 con el “rodrigazo”, impuesto con la dictadura militar y agudizado en los 90 hasta implosionar con la crisis de 2001.

A pesar de los efectos continuos de la crisis financiera internacional del 2008, la tendencia positiva persistió, con una expansión del 21% entre 2007 y 2012. El gigantesco impulso al sector industrial puede verse en las políticas implementadas a través del Ministerio de Industria, la Secretaría Pyme y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, entre otras. Son innumerables los testimonios vigentes de la importancia asignada al fomento sectorial.

El crecimiento de la industria, que también se refleja en la creación de parques industriales, no es una política aislada, sino que resulta complementaria con una serie de avances como el proceso de desendeudamiento, la defensa del trabajo local y el empleo, la reestatización de empresas estratégicas (entre ellas Aerolíneas e YPF), la recuperación de la ANSES, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el direccionamiento de la inversión pública, la sanción de leyes en defensa de las Pyme y los consumidores, y la defensa del consumo popular y el mercado interno.

No a las viejas recetas

En los dos últimos años, como es notorio, se experimenta un freno relativo en la actividad industrial tomada en su conjunto, en una coyuntura de retracción de mercados, guerra de monedas internacional y recrudecimiento de la profunda y persistente restricción externa, una limitación en gran medida derivada de debilidades estructurales de nuestro país, fruto de décadas de desindustrialización.

Ante estas circunstancias, se oyen voces de representantes de los grandes grupos económicos, nucleados principalmente en AEA y en el Foro de Convergencia Económica. En su mayor parte de carácter monopólico y oligopólico (que han obtenido y obtienen ganancias extraordinarias), claman por soluciones que implican una devaluación como receta mágica para recuperar la competitividad, lo que traería aumentos de precios en consonancia con la aplicación de medidas de la mal llamada austeridad, baja de salarios, flexibilización laboral, la vuelta a un Estado mínimo, el endeudamiento externo y el funcionamiento de mercados desregulados. Es decir, una enorme transferencia de recursos desde los sectores medios y populares hacia la cúpula económica concentrada.

Como dice el Premio Nobel Joseph Stiglitz, son este tipo de recomendaciones de política económica las que consolidan la riqueza y el poder de unos pocos que no representan más del 1% de la población por sobre el 99% restante. Como si no bastara tomar nota de lo que está ocurriendo en los países europeos, con Grecia como ejemplo más dramático, con la aplicación de estas “nuevas” viejas recetas, los argentinos podemos y debemos recurrir a nuestra memoria colectiva para no repetir errores que podrían costar a nuestro país un retroceso devastador para el conjunto de los sectores populares, las Pymes y el empresariado nacional.

Debemos recordar que en el periodo de la hegemonía neoliberal la destrucción de la industria nacional no sólo fue resultado de las políticas de apertura irrestricta de los mercados, desregulación financiera, privatizaciones y endeudamiento externo; fue una condición para que se pudiera llevara a cabo esa enorme transformación regresiva del país en favor de los grandes grupos económicos y los capitales especulativos.

Necesidad de un proyecto soberano

Por este motivo, estamos convencidos de que no es bajo un esquema de ajustes regresivos como vamos a retornar a un camino de crecimiento sostenido, sino redoblando la apuesta por el desarrollo de la industria nacional. Necesitamos de un fuerte papel del Estado para implementar políticas anti-cíclicas y consensuar un plan industrial para el mediano plazo junto con los principales actores productivos.

Este plan debe avanzar con el objetivo de una sustitución de importaciones con sentido estratégico y dinamizar nuestras exportaciones de origen industrial, con base en la innovación tecnológica, el conocimiento y la agregación de valor, lo que implica un proceso de reconversión industrial encaminado a revertir una estructura productiva que aún depende en exceso de las exportaciones primarias y de las importaciones de bienes de capital. Es primordial revitalizar las pequeñas producciones agroalimentarias y familiares como principio básico para generar actividad económica de forma federal. Proteger las producciones y consumos locales es vital para transformar la actual matriz productiva que debe mejorar su potencialidad regional.

En este proceso deben tener un papel relevante las Pymes y las empresas nacionales, conjuntamente con el apoyo a las producciones de los sectores populares, hombro con hombro con los trabajadores, ya que no se puede aspirar a un desarrollo autónomo si continúan teniendo un peso decisivo en la economía las grandes empresas transnacionalizadas.

Estamos en un momento fundamental para decidir sobre el país que queremos los argentinos: un país industrializado, que logre mayores niveles de bienestar para toda la población y garantice trabajo y crecimiento para el conjunto de los actores productivos, o el país de la “seguridad jurídica” para unos pocos, con predominio del complejo agroexportador, la especulación financiera y la maximización de las rentas del poder económico cartelizado.

Los integrantes del campo popular, las Pymes, los trabajadores, estudiantes, profesionales e intelectuales queremos continuar avanzando para encarar con optimismo las tareas pendientes. Por eso postulamos la necesidad de un Estado activo, participativo y profundamente democrático, que privilegie la actividad productiva, la inclusión, la justicia social y el resguardo de los derechos de todos los ciudadanos, lo cual sólo es posible si se garantiza la continuidad y la profundización de un proyecto de desarrollo nacional soberano, con fuerte integración regional y una inserción autónoma de nuestro país en el ámbito internacional.