Cautelosos durante los primeros 75 días del gobierno, mientras dejaban desgastarse al resistiendoconaguantismo nostálgico que consideran funcional a Mauricio Macri, los gremios más poderosos se aprestan a salir a marcarle la cancha a un plan económico que empieza a golpear duramente a la industria.

Por Alejandro Bercovich

El almuerzo de ayer en la CGT Azopardo, donde Hugo Moyano escenificó su rechazo a la reforma de Ganancias que inicialmente había apoyado, también sirvió para que los sindicatos fabriles advirtieran al resto sobre las miles de suspensiones que pueden convertirse en despidos en cuestión de horas. Con la inflación lejos de amesetarse y sin más anclas a la vista que la salarial, la ronda de paritarias que comienza la semana próxima se asoma más conflictiva que nunca. Subterráneamente, además, empresarios pyme de distintos rubros empezaron a presionar a las cámaras que los representan para que hagan pública la crisis en que los sumió el tarifazo energético, cuyos efectos secundarios nadie se ocupó de calcular.

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, le pasó el aviso a la gobernadora María Eugenia Vidal en la reunión que compartieron días atrás. Su distrito, el más populoso del Conurbano, no solo se convirtió este verano en la reserva ecológica donde se refugiaron kirchneristas degradados como Roberto Feletti y Débora Giorgi, sino también en uno de los polos industriales más castigados por la recesión y en un potencial polvorín social. Los miles de pequeños talleres de calzado e indumentaria radicados allí, según un relevamiento que hicieron sus propios dueños, vieron caer un 40% sus ventas por el efecto combinado de la caída del consumo y de la anunciada apertura de las importaciones, que animó a grandes cadenas como Zara y Walmart a suspender encargos que les habían hecho previamente.

Los primeros en recibir el golpe fueron los obreros que las pymes mantienen en negro, como variable de ajuste de sus planteles para épocas de vacas flacas. Pero en el mediano plazo, y si las grandes cadenas comerciales siguen recortando sus pedidos, lo único que sobrevivirá de los sectores más intensivos en mano de obra son los talleres clandestinos y el circuito informal que desemboca en La Salada y en los cientos de saladitas desperdigadas por el país.

La Cámara de la Industria del Calzado (CIC) todavía no hizo pública la situación porque teme que el Ministerio de la Producción deje caer la medida antidumping contra China que establece que si se importan pares de zapatos o zapatillas por menos de u$s 13,38, su comprador pague impuestos y aranceles sobre ese valor. La barrera, que intentan derribar las grandes marcas con proveedores en Asia y las grandes superficies comerciales, fue extendida en diciembre mediante una simple resolución. Años atrás, la propia Giorgi había amenazado con derogarla porque la cuestionaba la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero ahora que el país se abocó a hacer buena letra ante los organismos multilaterales para acceder al financiamiento externo que Alfonso Prat-Gay precisa como el agua y por el que apuró el acuerdo con los fondos buitre, esa protección se ve aún más amenazada.

De corceles y de aceros

Con esas alarmas como música de fondo e indicadores complicados como la caída de los despachos de cemento, acero y automóviles, un grupo de empresarios impulsa un reclamo para declarar una “emergencia industrial”, al estilo de la agropecuaria, que incluya un alivio fiscal similar al que obtuvo la megaminería metalífera con la eliminación de sus retenciones a la exportación. Con reservas y pese al apoyo explícito que varios de sus caciques brindaron al nuevo gobierno, la UIA picó en punta al advertir sobre otra espada de Damocles que pende sobre 6.000 fábricas medianas que emplean entre 80 y 100 operarios cada una: el brusco salto de sus costos derivado del tarifazo energético.

Antonio Caló se sorprendió cuando, al llegar a Rosario días atrás, los dueños de tres metalúrgicas de ese porte lo recibieron con sus últimas facturas de electricidad en mano. Lo que antes pagaban entre 100 y 130 mil pesos, ahora les cuesta 500 mil. Una suba porcentual algo mayor que la que sintieron gigantes como Aluar o Techint, que ya habían visto recortados sus subsidios, pero que ahora por primera vez elevó sus costos energéticos por encima de los de sus competidores brasileños.

Ya no se trata de conflictos enteléquicos ni de especulaciones sobre potenciales medidas. Acindar acaba de dar de baja un turno de producción y mandó a sus casas por 12 días a sus 2.800 operarios. Ternium-Siderar, del grupo Techint, también pactó suspensiones con la UOM y apagó uno de sus altos hornos. Y en Tenaris-Siderca, la planta de tubos sin costura de la familia Rocca, los 5.000 obreros van rotando en grupos de 800 para ser suspendidos cobrando el 80% de sus jornales.

La “T”, además, amenaza con una vendetta contra el otro holding de origen italiano que acaba de ganarle la licitación para construir los gasoductos troncales de Córdoba: el de Angelo Calcaterra, el primo del Presidente. La contratista se impuso en la compulsa mediterránea asociado a los mismos capitales chinos que proyectaron la represa santacruceña Kirchner-Cepernic con Electroingeniería. Ahora los chinos procuran importar desde su país los tubos para el ducto. Si lo hacen, le avisó Luis Betnaza a la UOM, Tenaris podría seguir los pasos de Acindar y paralizar su producción por 60 ó 90 días.

El Veraz de ISIS

En términos más macro, el problema es la ausencia de anclas: no hay ancla tarifaria (nadie pensó en los aumentos de “segunda ronda” que sobrevendrían al tarifazo), no hay ancla cambiaria (Prat-Gay quería congelar el dólar en $13 pero Federico Sturzenegger está dispuesto a llevar a sus últimas consecuencias el dogma de la independencia del Central) y tampoco hay ancla fiscal (aunque se la reclamen a Hacienda cada vez más airadamente los halcones como Carlos Melconian). La única que queda son las paritarias, como admitió el secretario de Comercio, Mike Braun, cuando un empresario le preguntó esta semana quién frenaría la inflación.

Sturzenegger y su equipo, que el jefe de la Asociación de Bancos definió como “el Barcelona de los economistas” apenas 60 días antes de que el sector volviera a anotar un mes récord de ganancias, dejaron subir el tipo de cambio de $13,10 a $15,60 entre enero y lo que va de febrero. Mientras los industriales y comerciantes que desfilan por el despacho de Pancho Cabrera lo culpan por las consecuentes subas de costos, el jefe del Banco Central enfrenta una dura embestida del gremio bancario, que instaló una carpa en la puerta de Reconquista 266 contra los despidos en el ente y que tapizó la City con afiches que recuerdan su condición de procesado por el Megacanje y exhiben a la vez unos enigmáticos zapatos de taco aguja junto a dos globos amarillos. ¿Acaso un mensaje cifrado sobre su esposa, recién designada como presidenta del Fondo Nacional de las Artes?

Prat-Gay apuesta a que tras el arreglo con los fondos buitre, que se anunciará en las próximas horas, Wall Street cumpla en aportar el financiamiento necesario para suavizar el ajuste por la vía del endeudamiento y así resucitar la economía en el segundo semestre. Para el acuerdo, además de la generosa oferta que hizo a los acreedores, contó con la ayuda del Tesoro estadounidense, que empujó a los fondos mejor reputados a aceptarla. Pero la relación con Washington, mucho más fluida desde el 10 de diciembre, enfrenta un obstáculo desde hace un mes: el desguace de la Unidad de Información Financiera (UIF), que este lunes dejó a 50 de sus técnicos en la calle y que quedó virtualmente paralizada el 26 de enero, tras el desplazamiento de todos sus vocales.

El nuevo jefe de la UIF, Mariano Federici, todavía no logró integrar el Consejo Asesor que debe intervenir en cada decisión del organismo antilavado. Si antes de la visita de Barack Obama al país se detectara una amenaza terrorista, por ejemplo, Federici tendría las manos atadas para emitir un Reporte de Financiación de Terrorismo (RFT) y así congelar los activos de los sospechosos. Es solo uno de los retrocesos que podrían empujar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a devolver a la Argentina a la “lista gris” de los países menos preparados para combatir el lavado. Los otros son el desmantelamiento de las oficinas de control del Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), que según las recomendaciones del GAFI deben actuar coordinadamente.

Lo que sí hizo a tiempo Federici fue desistir del recurso de apelación que había interpuesto la UIF tras el sobreseimiento de José Luis Monti, ex integrante de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, quien entre entre 2002 y 2006 mantuvo junto a su familia un millón y medio de dólares en una cuenta en Suiza del ING Bank. El juez, quien durante su magistratura falló varias veces a favor de sociedades offshore y quién laudó a favor del grupo Clarín en la causa Papel Prensa, quedó definitivamente libre de culpa y cargo.

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