Incompatibilidad del ministro Aranguren y violación de la Ley de Ética Pública

A partir de hoy, por el Decreto 1006/2016 publicado en el Boletín Oficial,  firmado por presidente Macri, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, delegará en su par de Producción, Francisco Cabrera, todas las decisiones administrativas relacionadas con la empresa Shell, luego de la advertencia de la Oficina Anticorrupción sobre posible incompatibilidad en sus funciones debido a la participación accionaria en esa petrolera.

Al actuar de este modo, el Gobierno da la razón a uno de los principales argumentos esgrimidos por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) en el amparo que presentó ante la Justicia el pasado jueves 1 de septiembre  contra el tarifazo de gas. El recurso colectivo de APYME, admitido por el juez Federal Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, se refiere puntualmente a la “incompatibilidad ética y funcional del ministro de Energía Juan José Aranguren, que nulifica también las resoluciones que se impugnan y las derivadas de ellas”.

APYME detalla que no sólo no se ha convocado debidamente las Audiencias Públicas previas y otras decisiones ilegítimas adoptadas para decidir el aumento que se cuestiona, sino que la principal autoridad que estableció el aumento exorbitante está inhabilitada legalmente para ello, como lo dispone el inciso “b”, del artículo 15 de la 25.188 de Ética Pública (B.O. 02/07/2001).  Este mismo artículo es el invocado por el Gobierno en el día de hoy. En ese artículo  se señala que en el caso de incompatibilidad, un funcionario deberá “renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo” o “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos 3 años o tenga participación societaria”.

Sin embargo, es importante advertir que, según consta en la presentación de APYME, las decisiones del ministro ya impactaron en su patrimonio: la cotización de sus acciones en la Petrolera Shell tuvo un alza desde el 20/01/16  a la fecha del 37% en Euros. Esto en sí mismo constituye una clara violación a la Ley de Ética Pública y muy posiblemente, un hecho de enriquecimiento ilícito. Además, se incurriría en el delito que marca el artículo 265 del Código Penal, que se refiere a  “las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Además, es imposible asegurar que el ministro de Industria, Francisco Cabrera no consulte con su par las decisiones futuras que podrían seguir en el camino de beneficiar a la petrolera holandesa.

El amparo de APYME  es el único que avanza judicialmente, luego que el resto de las acciones iniciadas por otras cámaras del sector fueran rechazadas para litigar en nombre de las pequeñas y medianas empresas. En el día de hoy se conoció el dictamen de la Fiscal Dra. Graciela S. López de Filoñuk, quien dispone que “respecto al control de legalidad y la urgencia de la cuestión traída a estudio, la misma deberá continuar según su estado a los fines de obtener pronta resolución”.

Debe señalarse que la entidad presentó esta acción judicial en un marco recesivo y de emergencia sectorial, determinada por una fuerte reducción del mercado interno, drásticas caídas en las ventas y en la producción, ahogo financiero, quiebre de las cadenas de pagos, ingreso indiscriminado de productos que se fabrican en el país, aumentos de insumos y de tarifas de servicios públicos, entre otros factores que ponen en peligro el sostenimiento de miles de empresas y puestos de trabajo.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2016

Eduardo Fernández
Presidente Nacional
Juán José Sisca
Secretario Nacional
Carlos Filippini
Presidente Delagación Mar del Plata
Gustavo Casciotti
Secretario Delegación Mar del Plata