Miguel Rodríguez Villafañe, autor del pedido de amparo que logró frenar el tarifazo a las Pymes

Rodríguez Villafañe, abogado de Apyme, sostiene que lograron el amparo porque dieron con “la cuestión legal de fondo”: el carácter confiscatorio del tarifazo y las incompatibilidades del ministro de Energía para ejercer el cargo, según se desprende de la Ley de Etica Pública.

Por Marta Platía

Cuando se siente acorralado por la letra de la ley, de la Constitución, el Gobierno se defiende cuestionando a los jueces o relativizando las leyes. Tachándolas de “demasiado estrictas”, como sucedió la semana pasada con el amparo contra el tarifazo del gas presentado por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Apyme. “Desde que el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja –el juez federal N° 3 de Córdoba– nos hizo lugar a la medida cautelar, en la que pedimos que se retrotraigan las tarifas al 31 de marzo, no ha parado de recibir ataques”, le dijo a este diario Miguel Rodríguez Villafañe, abogado y él mismo ex juez, autor de ese amparo. “Ni siquiera se lo cuestiona por lo que resolvió; sino que atacan a su propia persona. A su apellido. Este magistrado, a quien el tema le cayó por sorteo y que hoy tiene casi 50 años, tenía sólo 9 cuando su familia tuvo que exiliarse para que los militares no los mataran. Era un chico. Ahora, además de que tuvo que sufrir la pérdida de su abuelo y su padre (dos reconocidos abogados en Córdoba), le endilgan si es sobrino, primo o cuñado de personas que nada tienen que ver con su presente como juez federal, y menos aún con sus decisiones.”

–¿Por qué considera que lo hacen de este modo?

–Hay todo un sector de la prensa que está encolumnada con el poder de turno. Eso es así desde siempre. Yo creo que a nadie le resultó ajeno que nuestro pedido de amparo no sólo está bien fundado por lo impagable y hasta por lo confiscatorio del tarifazo. Del daño que se le provoca a cualquier empresa que para pagar el gas, tal vez, terminen despidiendo gente o cerrando la fuente de trabajo. Creo que dimos, con Apyme, en el corazón de la cuestión legal de fondo: el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no puede bajo ningún punto de vista resolver sobre temas vinculados al petróleo o al gas. La Ley 25.188 de Etica Pública lo señala en sus artículos 15, 16 y 17. Él ha sido parte de una empresa petrolera, tenía acciones, y la ley marca que debió haber estado alejado de esas empresas y de la toma de decisiones en el área hasta por lo menos tres años antes de asumir en el ministerio. Todos acá ya lo sabemos: no sólo fue gerente (CEO) de la Shell hasta pocos meses antes de ser investido ministro, sino que conservó acciones hasta hace pocos días en que, ante el escándalo, tuvo que venderlas. Aunque todavía no está claro a quién se las vendió o si las vendió… Tenemos que creer que sí porque se dijo desde Presidencia, pero no tenemos documentación que lo acredite. Y, en vista de todo esto, si están hablando de transparencia, debieron haberlo exhibido.

–En los últimos días, cuando el Gobierno apeló la medida cautelar presentada por ustedes ante Vaca Narvaja, les contestó sobre este punto, el de la supuesta incompatibilidad de Aranguren para estar en el cargo. ¿Qué contestaron?

–Mire, por lo menos fue irrisorio. Ellos argumentaron que esa ley, la de Etica Pública es demasiado estricta… Así como lo oye. Según ellos “desde el punto de vista del interés colectivo, en cuanto establecen límites para que el Estado pueda sumar a sus filas a profesionales que pudieran encontrarse altamente calificados en ciertos sectores o industrias”. Ello dicen, palabras más o menos, que “la interpretación literal del artículo 15 imposibilitaría al Estado contar con los mejores especialistas en cada área, ya que esas personas vienen de la actividad privada”. Es increíble. Pretenden que los jueces interpreten las leyes de acuerdo a sus intereses. Y si a eso le suma que estos señores tan especialistas del ámbito privado han admitido que están haciendo experiencias de “ensayo y error” en sus políticas, no sé de qué idoneidad hablan. El Gobierno hasta comete la torpeza de decirle al juez lo que debe hacer. Le dicen que “la interpretación que se efectúe no debe ser irrazonable ni entorpecer o desnaturalizar la labor del funcionario”. Un desastre jurídico: acá, con esto, tenemos que hay ley, ética, para el común de la gente y otra, antojadiza, para la casta de los CEO.

–En plural, Aranguren no es el único…

–¡Claro que no! Aranguren es sólo uno de los que conciernen a este tema. El signo de este Gobierno es el de los gerentes, los CEO empresariales. Pero en el caso del gas, que es el que nos ocupa, además tenemos que el actual presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), entidad que también está demandada en el amparo que presentamos, es un señor David José Tezanos González. Este hombre, hasta el día antes de asumir, era nada menos que el presidente del Directorio de Metrogas S.A. ¡Fíjese el desatino! Un día estaba de un lado del mostrador pidiendo aumentos, reajustes para cobrar más caro el gas; y al día siguiente estaba del otro lado, como autoridad que determina el precio del gas... En cualquier país de los del Primer Mundo que tanto admiran muchos de estos CEO esto no se permitiría. Aquí, hasta pretenden que el juez mire para otro lado y les interprete según su conveniencia una ley, que está perfectamente clara. Que el juez no sea tan “estricto”. Y si el juez, quien todavía ni siquiera se ha pronunciado sobre esa cuestión, porque lo que hizo hasta ahora sólo fue hacer lugar a la medida cautelar atento a los fundamentos que le expusimos, si ese juez no les garantiza esa flexibilidad, esa certeza de interpretación ajustada a sus intereses, entonces es blanco de ataques: se le cuestiona el apellido, la historia familiar, su nombramiento como magistrado, algo inaceptable legalmente. Y todo en un país donde, sabemos, hay jueces surgidos de las servilletas de los bares… Jueces como (Claudio) Bonadio a los que no se los cuestiona cuando sus decisiones son favorables a los intereses del Gobierno.

–¿Por qué cree que se da semejante virulencia?

–Porque con Eduardo Fernández, el presidente de Apyme, hemos dado en el centro del asunto legal. Y a eso lo digo yo, que soy quien presentó el amparo, porque el juez federal no ha resuelto todavía sobre esto ni opinado de ninguna manera en este sentido. Le repito, nosotros hemos dado en el corazón jurídico del tema: ante los tarifazos tenemos un ministro de Energía que incumple todos los requisitos para serlo al menos en cuanto a petróleo y gas se refiere. Aranguren vulnera la ley 25.188, y ellos (en el Gobierno) lo saben: todas sus resoluciones en el tema petróleo, en el tema gas, están viciadas de nulidad absoluta. Todas desde que asumió hasta ahora. Mire, ni siquiera es una nulidad relativa. Todo lo que ha firmado y decidido en el tarifazo, las audiencias públicas a destiempo y sin información para los ciudadanos, sesgadas; todo podría ser considerado nulo de nulidad absoluta. Ellos lo saben. Es lo que se conoce como el principio jurídico del “árbol envenenado”. Así que a esa verdad, a esa certeza jurídica, contestan con el antiguo, muy antiguo, axioma de atacar al mensajero. Para este Gobierno de CEO, no hay mejor defensa que un buen ataque.

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