El dirigente gremial empresario y presidente de APYME Eduardo Fernández dialogó con Portal de Noticias sobre la crisis del sector, las acciones de gobierno y el futuro de las Pymes, si no se cambia el rumbo de las políticas económicas y sociales que implementó el macrismo desde su llegada al gobierno. "Si se insiste en profundizar el rumbo de apertura sin protección de la industria nacional, vamos hacia más cierres de empresas y pérdida de trabajo".

El  presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Eduardo Fernández, recibió a PDN en la sede de APYME Nacional y se refirió a la emergencia que atraviesa el sector de las Pymes. Desde la entidad sostienen que el gobierno “habla de las pymes, pero no se ocupa de los problemas reales que afectan al sector” y sostienen que la “ley pyme” no tiene efectos prácticos en lo inmediato y no contribuye a sacar a este sector productivo de la profunda crisis que está atravesando.

“La aplicación práctica de la ley pyme, en el flujo de fondo y el capital de trabajo de las empresas, recién mostrará sus primeros efectos a mitad del siguiente año, cuando la ganancia mínima presunta tenga que pagar los primeros anticipos”, sostuvo Fernández en relación al “caballito de batalla del gobierno” en relación a las más de 550 mil empresas que ostenta el sector.

Lo preocupante según el dirigente, es que hay muchos proyectos de ley, muchos de ellos llenos de buenas intenciones, pero con una notoria ausencia en materia de defensa de la producción nacional. “No mencionan leyes vigentes como el “compre trabajo argentino”, “compre nacional” o dejan la posibilidad de transferencia, a través del contrato público-privado, pero también de litigiosidad extraterritorial; a nosotros nos parece que ya hemos vivido bastante en este sentido, sabemos lo que es litigar en los juzgados de Nueva York o en el CIADI; esto desalienta la inversión nacional y nos deja con un diferencia importante ante la posibilidad de ofrecer financiación en materia de obra pública, es decir deja afuera a las pymes”, sentenció.

Además, criticó la reciente convocatoria a la audiencia pública en la que se debatió el nuevo cuadro tarifario del servicio eléctrico, y expresó su disconformidad con un proceso que, según Fernández, “partió de un tarifazo ilegítimo, inconsulto y abusivo por parte de las empresas proveedoras de servicios públicos, avaladas por las autoridades nacionales”

La convocatoria a “escuchar opiniones” sobre las propuestas tarifarias para los próximos cinco años que presentaron Edenor y Edesur, las distribuidoras de energía en la Capital y el conurbano, estuvo lejos de constituir una instancia de debate -opinó y sostuvo que- “se trató, una vez más, de una escenografía para convalidar el tarifazo perpetrado y justificar nuevas subas”

Desde APYME entienden que el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas ha venido sufriendo desde fines de 2015, junto con los trabajadores y los segmentos más desprotegidos de la sociedad, el mayor peso de las medidas de transferencias de ingresos hacia los sectores concentrados y transnacionales que constituyen en síntesis los únicos beneficiarios de la política económica en curso. En el día de ayer se conoció un estudio en el que se afirma que el 64% de los argentinos debió recortar el uso de servicios públicos frente al impacto de los aumentos.

La entidad que preside Fernández sostiene un litigio con el Gobierno y el Enargas en representación de las Mipymes de todo el país, y adelantaron a este medio que “continuará alertando y reclamando por la situación de emergencia del empresariado y el trabajo nacional, en la que los tarifazos tienen una incidencia decisiva junto con los incrementos de precios en diversos rubros, la caída del mercado interno, el aumento irrestricto de las importaciones y la falta de políticas activas”.

Ninguna “ayuda” es suficiente para las Mipymes en un contexto de retirada del Estado de su papel regulador para limitarse a facilitar la ”acción de unos pocos grandes conglomerados e “inversores”, quienes imponen las condiciones al resto.

APYME continuará bregando junto con cooperativas, empresas de la economía social, trabajadores y demás sectores afectados para generar espacios de acción, propuesta y debate con el objetivo de revertir estas políticas y construir alternativas que retomen como prioridades la industrialización, la activación del mercado interno, la democratización económica y la soberanía sobre los recursos estratégicos de la Nación.

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