“Los hechos que se sucedieron después que presentamos la demanda no hacen más que ratificar la razonabilidad del planteo”, sostuvo Eduardo Fernández, titular de Apyme. “Además de la falta de audiencia pública, nosotros cuestionamiento ante el juez (de Córdoba, Vaca Narvaja) que el ministro (de Energía, Juan José Aranguren) está inhabilitado, por la ley de ética pública, a tomar decisiones en materia de tarifas de gas. Y con posterioridad a nuestra presentación hubo un reconocimiento del gobierno nacional de que Aranguren debía desprenderse de sus activos en Shell; hubo un pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción recomendando que no firmara resoluciones que involucrara a su ex empresa, y finalmente sale el nuevo cuadro tarifario que lleva su firma”, repasó el dirigente pyme cordobés.

El presidente de Apyme confía en que la Justicia dictamine la nulidad de los aumentos de gas a las pymes previos a la Audiencia Pública. “Desde que se aplicó el nuevo cuadro tarifario en abril, recomendamos a nuestros afiliados no pagar. Pero lo extraño es que estamos viendo que no han llegado las facturas posteriores, cuando se estableció el tope del 500 por ciento a los aumentos. Además de tener que pelear la tarifa, habrá que prepararse para pelear la forma de pago si es que llegan todas juntas porque, hasta ahora, a las pymes no las incluyeron en ninguna facilidad de pago”, señaló Fernández.

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