JUZGAR A TODOS LOS RESPONSABLES

En vísperas del 35º aniversario del golpe de Estado de 1976, cuando se inició la dictadura militar que se cobró 30.000 desaparecidos y arrojó al exilio a miles de argentinos, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios refirma su participación activa en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.
La entidad también destaca su compromiso con el sostenimiento y la profundización de un rumbo político y económico orientado a aunar los derechos humanos con los derechos económicos y sociales.

Por eso señala que la recordación del golpe militar es una oportunidad para volver a poner en primer plano a los responsables civiles del genocidio perpetrado por el Proceso de Reorganización Nacional, que buscó instaurar a sangre y fuego la piedra basal del neoliberalismo en nuestro país.

No debemos olvidar que mientras los militares imponían un rígido disciplinamiento colectivo, Martínez de Hoz, acompañado por el Consejo Empresario Argentino y otras entidades de ideología afín, iniciaba el modelo de concentración y extranjerización de la economía, endeudamiento externo, especulación financiera, desmantelamiento del Estado, exclusión, destrucción de la seguridad social, pobreza y miseria.

Decenas de miles de unidades productivas de la ciudad y del campo desaparecieron barridas por un plan sistemático de desindustrialización que llevó a la destrucción de gran parte de la estructura productiva nacional.

Significativamente, una de las primeras medidas del Proceso fue derogar la ley que había creado la Copyme, el organismo que regía y coordinaba en todo el país las políticas para las pequeñas y medianas empresas, creado durante el período de Gelbard en el Ministerio de Economía, cuando se buscaba, y se había logrado en parte, una Argentina con independencia económica y equidad social.

Las consecuencias del neoliberalismo han sido nefastas. Tras la bienvenida recuperación de la democracia política, el establishment trocó el terror de las armas por el terror económico y el 1 a 1, hasta llegar a la crisis de 2001 – 2002, que mostró las consecuencias últimas del modelo.

Desde 2003 ese proceso se ha venido revirtiendo en gran parte.

Una serie de medidas adoptadas por las dos últimas administraciones del Estado han tendido a concretar el juicio y castigo a los culpables del genocidio. La política de desendeudamiento, el fin del ALCA, la derogación del régimen de AFJP, la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales, la recuperación de empresas públicas, la asignación universal por hijo, las políticas de crédito hacia las Pymes, el mayor protagonismo del Estado fueron hechos alentadores en una dirección que debe sostenerse y profundizarse.

Aún está vigente la ley financiera instaurada por la dictadura, cuyo reemplazo se propone con el proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, presentada en la Legislatura por el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario. También es necesaria una estructura legal que asegure un efectivo apoyo a las Pymes en todo el país como política de Estado. Una reforma tributaria con sentido progresivo es otra materia pendiente.

Sin embargo, es indispensable en la coyuntura tener claro que quienes a lo largo de la historia no vacilaron a la hora de privatizar ganancias y socializar pérdidas, buscan retrotraer nuestro país a las políticas del ajuste, la "seguridad jurídica" y el "clima de negocios" para unos pocos, y la piedra libre para los beneficiarios del terror político, económico y social.

Por estos motivos APYME convoca a los micro, pequeños y medianos empresarios a participar en las marchas que proclaman el nunca más al autoritarismo y el terrorismo de Estado, y hace hincapié en el reclamo del juicio y condena efectivos a los responsables civiles de la dictadura, vinculados con los grupos concentrados y extranjerizados de la economía.

Revertir las estructuras remanentes de aquella etapa es una tarea fundamental para la consolidación de un rumbo con más democracia, soberanía, equidad social e integración con los países latinoamericanos en el ámbito de la Unasur y el Mercosur, honrando a quienes dieron sus vidas por las banderas de una Argentina libre, justa y soberana.

Eduardo Fernández
Presidente

Enrique Tarditi
Secretario

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011

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