Por medio de un “megadecreto” de dudosa constitucionalidad dan de baja a más de 300 Licencias No Automáticas de importación.

Hoy se dio a conocer que la Secretaría de Comercio eliminó más de 300 posiciones arancelarias del sistema de control de Licencias No Automáticas para la importación de bienes. Esta medida se toma en el marco del “megadecreto” (Nº 27/2018) de 192 artículos emitido por el Gobierno Nacional bajo pretexto de la “desburocratización” y “simplificación” del Estado, que al atentar contra la división de poderes resulta de dudosa constitucionalidad.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) ve con gran preocupación que en el marco de una verdadera invasión de productos importados que está afectando a muchos rubros de la industria nacional y las economías regionales se avance hacia la total eliminación de este tipo de controles para reemplazarlos por sistemas más laxos, en línea con exigencias de la OCDE y de la OMC.

El rojo de la balanza comercial de 8.000 millones de dólares en 2017 habla claramente de qué debe esperarse de la profundización de estas políticas. Esto significa menos trabajo para más empresas nacionales de rubros sensibles, que deben cerrar sus puertas o expulsar mano de obra. Como viene sucediendo en los últimos dos años, la caída de la demanda interna generada por el mayor desempleo y la política de salarios a la baja se refleja de modo directo en la disminución del poder adquisitivo de la población, con lo que caen las ventas de las Pymes, de las cuales más del 90 % dependen sólo del mercado interno.

El megadecreto del poder Poder Ejecutivo ratifica un proyecto con eje central en la liberalización comercial, la desregulación financiera y la flexibilización laboral. En suma, mayores ventajas para grandes grupos económicos, multinacionales y la especulación en detrimento de las Pymes, la industria y el trabajo local.

Instamos al gobierno a reconsiderar estas medidas que de ningún modo pueden favorecer a las Pymes. APYME llama a todos los sectores a pronunciarse contra este decreto que afecta el trabajo y los derechos de millones de argentinos y a defender políticas activas que posibiliten el desarrollo con equidad social.

Buenos Aires, 12 de enero de 2018

Eduardo Fernández
Presidente

Juan José Sisca
Secretario