La regulación de las grandes empresas de telecomunicaciones resulta justa e indispensable para el desarrollo con equidad

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) ve como muy positiva la decisión del Gobierno nacional al declarar como servicios públicos esenciales las provisiones de internet, Tv por cable, telefonía fija y móvil.

Al mismo tiempo, por el DNU 690/2020 dispone el congelamiento hasta el 31 de diciembre de las tarifas en el marco de la pandemia en momentos en que los grandes conglomerados que prestan estos servicios se disponían a aplicar nuevos aumentos por encima de la inflación.

La decisión del Gobierno resulta auspiciosa en la medida en que recupera capacidades regulatorias del Estado en esta materia que habían sido derogadas por la anterior administración. A pesar de las argumentaciones en contra de los sectores que a partir de ahora serán regulados, en ningún caso se trata de un avance sobre la libertad de empresa o sobre la titularidad de las firmas, sino del establecimiento de reglas de juego claras, democráticas y equitativas para la ciudadanía y el conjunto de los actores productivos.

Debe notarse que las arbitrariedades y las injustificadas fallas de los servicios de estas empresas, que están a la cabeza de los reclamos de entidades de usuarios, resultan tanto más graves en cuanto las nuevas condiciones que impone la emergencia sanitaria obligan a trabajadores, empresas pequeñas y medianas, profesionales, docentes, estudiantes y familias a utilizar intensivamente estas herramientas.

También se determinó que en cuando se reglamente ley las empresas de telefonía deberán establecer tarifas básicas universales obligatorias y accesibles, garantizando la continuidad del servicio. Es esperable asimismo que la reglamentación establezca una clara diferenciación entre las corporaciones concentradas y las Pymes y cooperativas que prestan servicios en diversas regiones del país.

APYME considera que la decisión del Gobierno nacional avanza en un sentido que debe profundizarse en relación con las fundamentales regulaciones por parte del Estado hacia las empresas concentradas que proveen servicios esenciales y manejan a su arbitrio la provisión de insumos básicos, los que al mismo tiempo son recursos estratégicos para el desarrollo equitativo de la Nación.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2020

Eduardo Fernández
Presidente
Julián Moreno
Vicepresidente
Juan José Sisca
Secretario