Compartimos una nota de opinión de varios dirigentes locales dada la actualidad del tema

Mitos y verdades.

La irresponsabilidad, la mentira, la negación y la acumulación en su seno de personajes tan ignorantes como nefastos, fue una constante en la coalición que gobernó el país y la Provincia de Buenos Aires desde 2015 a 2019.

En el tema  Gasoducto de la Costa  y como es ya su modo de operar, vuelven a montarse sobre la poca memoria del pueblo y aprovechar la ignorancia en un tema específico para realizar denuncias que los indigna, atacando al gobierno actual. De esta forma pretenden cubrir no sólo su incapacidad, sino por sobre todo su responsabilidad sobre los desaguisados hechos durante su gobierno que, de no ser por el impacto atroz que han tenido sobre la vida de todos y todas, resulta hasta cómico y ridículo.

Hemos escuchado en estos días el reclamo del senador provincial del Pro por la Quinta Sección electoral, Alejandro Rabinovich por el retraso en la finalización del Gasoducto de la Costa, diciendo que durante su gobierno se avanzó hasta el 99% de la obra y que parece ser, según su propia apreciación, que los actuales gobiernos tanto provincial como nacional han decidido no terminar.

Pero veamos un poco la obra y quien es quien en esta historia.

El Gasoducto de la Costa es una obra que al finalizar el año 2015 estaba licitada y pre adjudicada por un monto de $728.60 millones, con las siguientes adjudicaciones: Electro Ingeniería del Oeste por la mano de obra del montaje total, Royo por los materiales y Pertel por la planta compresora.

La ex ENARSA (Energía  Argentina SA), con la llegada de Juan José Aranguren al Ministerio de Energía, congela la licitación por una resolución que decide la revisión de los presupuestos oficiales. La excusa fue la sospecha de corrupción y sobreprecios en un área que dependía del ex Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido.

Sin embargo, después de casi dos años, ya en septiembre de 2017, se ratificó la licitación, pero los adjudicatarios (que resultaron ser los mismos) la harían por un costo que se elevó a $1078.06 millones. Los mismos eran Royo, empresa de larga trayectoria en el mercado, Electro Ingeniería del Oeste, que no es más que una UTE entre esa proveedora de Camuzzi y la constructora IECSA, a la sazón empresa del Grupo Macri (que a esa altura según declaraba el ex presidente había dejado en manos de su primo Ángelo Calcaterra), Pertel que es una empresa de San Lorenzo Santa Fe que se dedica a soluciones industriales y obras electromecánicas y Kondia una empresa de ingeniería y obras de CABA para la inspección.

El retraso, que no hizo más que confirmar lo hecho por el gobierno peronista, sólo benefició a los empresarios en detrimento del Estado en una suma de $349.40 millones.

Ahora bien, según lo pagado por las Certificaciones de Obra, la diferencia se amplía en $50.14 millones más, lo que resulta a setiembre de 2019 en un total de $399.54 millones. Actualizado, tomando como base el dólar oficial del 30/06/2022, daría un perjuicio de $858.90 millones.

Pero si tomamos el detalle de certificación y lo que resta hasta la finalización y habilitación de la obra, se agregan al valor del 2019 unos $75.50 millones más, lo que hace, a ese valor histórico, un perjuicio para el Estado de $475.04 millones. Repitiendo el procedimiento con base en el dólar oficial al 30/06/2022 resulta en un perjuicio de $1021.30 millones.

De ésto el senador Pro nada dice. Tampoco repara en el fideicomiso ciego del ex presidente, o sea de su líder, quien parece que no veía que el primo que ocupaba su lugar engordaba sus bolsillos.

Sino veamos sólo dos puntos más. La empresa Komalia, responsable de la inspección, cobró hasta septiembre de 2019 $21.30 millones pagados con fondos públicos. Es al menos llamativo que se le paguen estos servicios a esta empresa que aparece en el 2017 cuando la responsable técnica de la recepción de la obra es Camuzzi, habiendo podido incluso realizar la inspección la misma ENARSA.

Komalia es una empresa que trabaja con Camuzzi ya hace un tiempo pero no se justifica su contratación, sobre todo porque no es descabellado pensar que estas empresas con relación directa con las Distribuidoras usadas para desviar fondos, elevaron el costo de la inspección de $14.30 millones a los $21.30 millones cobrados a valores de setiembre de 2019 y que de sostenerse hubieran llegado a los $26.70 millones.

El otro punto es el de la planta compresora de Las Armas,  aún no terminada, que elevó su valor de $91.30 millones a $161.86 millones a valores de setiembre de 2019 y que terminada no costaría menos de $190.10 millones a esos valores de setiembre de 2019.

Su terminación para agosto del 2019 fue anunciada por el entonces candidato y actual Intendente del Partido de Gral Pueyrredon, Guillermo Montenegro, durante su campaña electoral. Sin embargo Alejandro Rabinovich en ningún momento lo interpeló por su falsa promesa, ni tampoco al gobierno nacional y provincial de la época que apoyaba.

Además, el senador en cuestión, acompañado por los senadores Ariel Martínez Bordaisco y Flavia Delmonte, aseguró que con la finalización del gasoducto recibirían el servicio 85.000 usuarios. Otra afirmación que refleja aún más su paupérrimo conocimiento que parece entonces estar compartido por los compañeros de su alianza conservadora.

Es entonces imprescindible aclarar que con la finalización del gasoducto no se habilita el servicio a nuevos usuarios, ya que para que les llegue el gas natural  es menester la construcción de ramales de aproximación, plantas reguladoras, redes domiciliarias y las correspondientes instalaciones internas. Estos trabajos deberían haber formado parte de un plan de obras que justamente los miembros de la actual oposición no le reclamaron oportunamente a Camuzzi y que tampoco aparecen en ningún futuro plan de obras. Sólo aparece en el horizonte una resolución de la Secretaría de Energía que en manos de Gustavo Lopetegui y refrendada por el ex jefe de gabinete Marcos Peña, deja abierta la posibilidad de la conformación de una nueva Sub-Distribuidora Atlántica.

Por supuesto nada de ésto les preocupa cuando por su accionar es claro que Camuzzi sólo apuesta al refuerzo Tandil-Mar del Plata y al tramo de interconexión entre las plantas de La Invernada y El Tejado, lo que le permitiría habilitar usuarios en la ciudad de Mar del Plata donde no se necesita realizar inversiones como las descriptas para sumar nuevos usuarios de mejor poder adquisitivo, resultándole ampliamente funcional a su negocio.

Por último, también es nuestra preocupación el atraso de la obra. Pero lo es y no en grado menor nuestra preocupación por la intencionalidad política de quienes durante cuatro años gobernaron con la lógica del beneficio empresario y hoy siguen actuando del mismo modo. Siempre en contra de los intereses nacionales y populares, disimulando los desastres realizados y pretendiendo ser una opción electoral que pareciera tener como único fin aniquilar cualquier iniciativa que apueste a la felicidad del pueblo.

Mar del Plata, 11 de julio de 2022.

Carlos Filippini
Eduardo Bruzetta
Gustavo Casciotti
María Guillermina Aumedes
Horacio Tettamanti
Raúl Mosca
Roberto Nayar
Oscar Villarino