La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios considera muy positiva la medida anunciada en el día de ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof, que otorga compensaciones diferenciadas a los pequeños y medianos productores de granos.

La medida, acordada por el Gobierno con representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), consiste en la devolución anual de retenciones para quienes produzcan por debajo de las 700 toneladas, con lo cual la iniciativa alcanzará a 46.121 productores que no tienen espaldas para aguantar las variaciones de precios externos derivadas de la apreciación del dólar en escala global.

Es de remarcar que además de poner en práctica un criterio de segmentación, la disposición establece una escala diferenciada hacia el interior del universo de beneficiarios, de modo de que toda la operatoria adquiere un carácter progresivo.

APYME destaca también que los fondos para los pequeños y medianos productores provendrán de las liquidaciones de exportaciones en curso, lo cual pone en claro que los grandes exportadores que especulen con el acopio de granos, de persistir en su actitud, no solo perjudicarán al país en general sino en particular a las decenas de miles de productores más chicos.

De acuerdo con lo que ha venido sosteniendo nuestra entidad históricamente, es deseable que se avance en la discusión y aplicación de criterios adecuados de diferenciación de las micro, pequeñas y medianas empresas en las distintas ramas productivas, de modo de hacer más efectivas las políticas de fomento en todos los niveles de actividad.

Sostenemos que la segmentación debe ser parte de una política de Estado que continúe incorporando en la interlocución a todos los sectores, sin ceder ante las presiones y las maniobras de los grupos concentrados que insisten en arrogarse una representatividad sobre el conjunto productivo de la que de hecho carecen.

Por último observamos que la profundización de medidas redistributivas, de resguardo del trabajo local y de agregación de valor, sólo resulta viable en el marco de un proyecto político, social y cultural soberano que privilegie el desarrollo con justicia social, con un Estado activo y eficiente en resguardo de los intereses del conjunto de la población.