Las ART dejan de reconocer la cabertura por Covid-19

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su preocupación ante la negativa de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) en continuar prestando cobertura a las y los trabajadores del sector Mipyme ante un eventual contagio de coronavirus.

En pleno crecimiento de los casos positivos por la tercera ola y con la amenaza de la variante Ómicron, que se propaga exponencialmente, la decisión de las ART que desde este 1 de enero dejaron de considerar al Covid-19 como “presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada”, pone a millones de trabajadoras y trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad.

En vigor, las aseguradoras solo cubrirán la enfermedad causada por el coronavirus al personal de Salud y a las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales, y al resto de la fuerza laboral solo en caso que se demuestre que el contagio ocurrió en el ámbito y horario laboral, o cumpliendo una tarea esencial o exceptuada de las restricciones vinculadas a la cuarentena; una situación absolutamente irregular, tanto para el trabajador como para el empleador.

Hasta el 31 de diciembre se consideraba al COVID “presuntivamente una enfermedad de carácter profesional respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular". Y correspondía a las ART demostrar lo contrario. Ahora cambia la lógica y es el trabajador o la trabajadora la que deberá demostrar que el contagio se produjo en el ámbito laboral, por ejemplo ante un brote dentro de la empresa en la que presta servicios. La demostración de dónde se produjo el contagio, es prácticamente imposible, lo que resulta una justificación para dejar de cumplir con la cobertura que hasta fines de 2021 se daba.

La modalidad adoptada por el sistema desde comienzos de este año vulnera además a los "derechohabientes" -cónyuge, concubino/a, hijos, hijas o padres o hermanos-  a quienes hasta el 31 de diciembre les correspondía una indemnización que dependía de la edad y del salario que tenía el trabajador al momento de su fallecimiento.

Cabe destacar que por la situación de pandemia hubo un aumento de la cuota mensual que pagan las empresas a las ART (de $ 0,60 a $ 49,98 última actualización a octubre), porque las prestaciones médicas y el dinero por el Covid son cubiertas en un 100% por el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales del sistema.

Desde APYME entendemos que esta decisión representa una abandono al trabajador y un perjuicio a la empresa que paga el seguro de riesgo laboral. Desde la entidad seguimos bregando por un modelo de país inclusivo y democrático que garantice todos los derechos: personales y laborales. Por esto, conminamos a las autoridades a tomar las medidas pertinentes para revertir esta situación contraria a los derechos de las y los trabajadores.

Buenos Aires, 5 de enero de 2022.

Julián Moreno – Presidente
Juan José Sisca - Secretario

Reforma de la Ley de Bienes Personales

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) considera muy positiva la reforma de la Ley de Bienes Personales que el Senado de la Nación sancionó en el día de ayer, bajo un claro criterio de progresividad tributaria.

La modificación del mencionado impuesto incrementa sensiblemente el mínimo no imponible de dos a seis millones de pesos. Incrementa también el monto eximido sobre la valuación de  los inmuebles destinados  a casa-habitación, de 18 a 30 millones de pesos.

Con estas modificaciones 131.000 contribuyentes dejarán de pagar el impuesto. Los ingresos fiscales que se dejan de percibir son sustituidos con la elevación de las alícuotas que gravan a los segmentos de mayor capacidad contributiva, con activos superiores a 100 millones.

APYME afirma que estas modificaciones van en la dirección de una mayor equidad distributiva al gravar en mayor medida a los contribuyentes con mayor capacidad contributiva, sin desfinanciar al Estado.

La entidad viene impulsando este tipo de medidas, que favorecen a sectores medios, con el consiguiente impacto en la demanda en el mercado interno y en la mejora de la actividad de las Pymes y el trabajo local.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2021.

Julián Moreno – Presidente
Juan José Sisca - Secretario

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su enérgico repudio a la persecución ejercida contra organizaciones gremiales durante la gestión de los gobiernos nacional y bonarerense en el periodo anterior, cuyos principales referentes siguen gravitando en el orden político e institucional.

Debe recordarse que el atropello de las instituciones,  en contubernio entre los máximos responsables del poder político, sectores del poder judicial y empresariales, no fue un hecho aislado: aquel periodo de gobierno comenzó con la toma de la AFSCA, la derogación por decreto de la Ley de Medios, la imposición de jueces en la Corte Suprema, la persecución de la procuradora de la Nación y el “armado de causas” contra las autoridades  salientes por medidas en principio no judiciables (por ejemplo, las referidas al “dólar futuro”).

APYME hace notar que a la entidad le tocó sufrir este triple embate judicial, político y económico cuando presentó un amparo en nombre del conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas ante los abusivos e ilegítimos aumentos del precio del gas durante la gestión de Aranguren (presidente de la  filial local de Shell hasta 2015) en el Ministerio de Energía.

Quedaba claro que el propósito de las autoridades nacionales  y de la Justicia no era mejorar la industria local, el trabajo y la calidad de vida, sino favorecer a un conjunto  de grupos empresarios y financieros. Ese proyecto de país “para pocos”  derivó en una devastación económica y social cuyos efectos son conocidos: un Estado endeudado en miles de millones de dólares, la destrucción de industria, el empleo, el mercado interno y las Pymes.

Hoy, cuando el país está recuperándose de aquella crisis, a la que se sumó la provocada por la pandemia global, es preciso que  todos los Poderes actúen para esclarecer estos hechos y las verdaderas responsabilidades políticas y judiciales.

Es oportuno señalar que la utilización de los organismos de Inteligencia con fines políticos e ideológicos viola la Ley de Inteligencia Nacional y  es incompatible con el Estado de Derecho. Resulta imprescindible afianzar las instituciones democráticas  y debatir una profunda reforma judicial, al tiempo que se reconstruyen las bases de un país con desarrollo inclusivo, soberanía y solidaridad social. También fortalecer la agremiación, herramienta clave para la defensa de los sectores más vulnerables y la búsqueda de una sociedad más justa, que los regímenes antipopulares siempre buscaron horadar.

Desde APYME decimos Nunca Más  a la “mesa judicial” donde se trama la pobreza de la mayoría en beneficio de unos pocos. Impulsamos en cambio, por medio de la producción y el trabajo, la generación de millones de mesas familiares donde no falten alimentos, salud ni educación. También propiciamos  la organización de mesas empresarias  y gremiales en todo el territorio, donde no falten el diálogo y el consenso para construir políticas de Estado en favor de la Argentina y todos sus habitantes.

Buenos Aires, 29 de diciembre  2021.

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL

Ante el rechazo del Presupuesto 2022, la negociación con el FMI y las perspectivas para el año entrante

Ante el rechazo del proyecto de Presupuesto Nacional por parte de la oposición en la Legislatura, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su desacuerdo con esa postura contraria al diálogo constructivo, a la institucionalidad y al interés nacional.

APYME ha venido manifestando su apoyo a los lineamientos generales del Presupuesto 2022, entendiendo que plasma la continuidad de una política económica en favor de la inversión en obra pública, la producción nacional, el crecimiento del mercado interno, el desarrollo regional y las exportaciones con mayor valor agregado.

Sobre estas premisas, mediante la acción de un Estado activo, se ha logrado llegar en este fin de año a una recuperación sostenida de la mayoría de los sectores económicos y del empleo, que supera incluso niveles previos a la pandemia. Un reciente relevamiento de APYME señala que las Pymes acompañan este proceso, con un 60 % de empresas en franca mejora de su actividad.
Según el Presupuesto rechazado por la oposición, el gasto público en lo que refiere al Desarrollo Productivo prevé para 2022 un crecimiento del 20% sobre el total de los recursos de la Administración Pública Nacional, respecto al período vigente. En este marco se había proyectado una importante asignación de recursos específica para las micro, pequeñas y medianas empresas, en línea con lo que se viene realizando desde distintas áreas.

La carencia del Presupuesto pone en peligro estas asignaciones. Asimismo, deja entre paréntesis la continuidad y proyección de obra pública en las distintas provincias, lo que inevitablemente incide sobre el entramado productivo local, las Pymes y el empleo.

En el marco de una difícil renegociación con el FMI, es grave carecer de una hoja de ruta sobre las prioridades de la política económica.  Esta visión se fortalece ante la propia evaluación del organismo sobre el crédito Stand By tomado por el gobierno anterior, que se hizo pública en el día de ayer. La auditoría pone al descubierto la finalidad especulativa del mega préstamo de 45.000 millones y en particular lo fallido de las recetas de ajuste para controlar la inflación, que ahora el FMI reconoce como multicausal.

El Presupuesto significa la ratificación de un rumbo económico y social que no pretende equilibrar las cuentas públicas mediante ajustes recesivos sino por la vía del crecimiento y una más equitativa distribución del ingreso.
En este final de año APYME ratifica su compromiso con estos objetivos. La falta de la herramienta legislativa debe llevar a una decidida acción del Gobierno, con fuerte apoyo de los sectores de la producción y el trabajo nacional, para continuar avanzando en medidas que signifiquen la profundización del rumbo de desarrollo con inclusión social, garantizando la sustentabilidad económica y la soberanía nacional.

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2021.

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL